Privado-público. The show must go on


El "cambio político y social" (así lo llaman) vivido en estas tierras forales no parece haber modificado en exceso el debate educativo. Seguimos con las mismas polémicas de siempre: euskera, público-privado, recortes...

Sobre esto último, repetiré lo que he dicho en otras ocasiones: ni los recortes son, como algunos (muchos) aseguran, LA CAUSA del declive educativo ni, como otros intentan defender, son inocuos y/o inexistentes. Digamos que debilitan al paciente y agravan sus síntomas, pero no han provocado la enfermedad. Y, por otra parte, estos recortes son uno más de los sensibles gestos de una clase política que solo de boquilla tiene en cuenta a los docentes. Y solo para que le sirvamos de carnaza de cara a la contienda electoral.

En relación con la controversia entre red pública y red privada, no voy a entrar a valorar si los centros que segregan en función del sexo consiguen mejores resultados académicos que los que no, pues desconozco los datos. Tampoco me preguntaré si cuando se habla de "libre elección de centro" no se querrá decir "libre y subvencionada elección de centro". Ni siquiera diré si me parece bien o mal que se subvencione a los centros del Opus Dei (bueno, sobre esto prefiero que no haya dudas: me parece mal). Lo cierto es que, equivocado o no, defiendo los servicios públicos por pura convicción y considero que la red pública debe ser el eje del sistema. Si la concertada debe ser subvencionada o no y de qué forma o mediante el cumplimiento de qué requisitos, es algo sobre lo que quizás en otro momento me extienda. Lo que ahora quiero denunciar es, una vez más, el uso político de la educación, reflejado en continuas contradicciones y ambigüedades, en brindis al sol y rasgamientos de vestiduras, en aparentes (pero solo aparentes) desacuerdos ideológicos. Veamos.

El gobierno anterior, oliéndose el fin de su mandato, renovó los conciertos a los dos centros privados mencionados para la siguiente legislatura, durante la que, presumiblemente, no iba a seguir gobernando, es decir, hasta el curso 2020-2021 (según etapas educativas). El 25 de marzo, dos meses antes de las elecciones que, en efecto, se saldaron con un cambio de gobierno, UPN, partido que entonces gestionaba la comunidad foral, aprobaba un gasto de 459 millones de euros para renovar los conciertos de los 65 centros que forman la red privada-concertada en Navarra, a los que hay que sumar los 107,5 millones que ya había destinado el curso pasado para financiar les Infantil y Bachillerato.

Por su parte, los partidos que han constituido el nuevo ejecutivo (Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra) aprobaron en su Acuerdo de Gobierno su "posición política clara de aplicar la Ley Foral 17/2012" que impide la concertación a los centros que segregan por sexo. Pero, puesto que la LOMCE blinda los conciertos a este tipo de centros (que en Navarra son Miravalles-El Redín e Irabia-Izaga, ambos pertenecientes al Opus Dei), ¿qué capacidad puede tener la Ley Foral 17/2012, aprobada en esta comunidad por parte de los partidos de la oposición y que impide concertar centros que segregan por sexo, para cambiar esta situación?

Aquí dejo algunas preguntas más:

¿Desconocían los integrantes del nuevo gobierno que existe una nueva ley educativa que "blinda" los conciertos a este tipo de centros? ¿sabían cuando afirmaban ser contrarios a la segregación y defender "lo público" que el anterior gobierno había renovado los convenios para los siguientes cuatro años? ¿eran conscientes de que una ley orgánica (la LOMCE) tiene mayor rango legal que una ley foral (la 17/2012) y que la primera, en su artículo 84.3, señala que “no constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos” y añade que esta elección en ningún caso podrá implicar “un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos con las Administraciones"? ¿Cuál es entonces el motivo de manifestar una "posición política clara" para la aplicación de algo tan difícil de aplicar? La propia presidenta, Uxue Barkos, reconocía ayer mismo que no sabe si se podrá poner acudir a la ley foral mientras esté vigente la LOMCE. Una última pregunta, no directamente relacionada con la segregación pero sí con la educación privada: la "inequívoca apuesta por lo público" de este gobierno, ¿cómo se concilia con la subvención y "trato especial" (Presidenta Barkos dixit) a las ikastolas (todas ellas privadas)? ¿No deberíamos hablar más bien de "moderada apuesta por lo público" o de "selectiva apuesta por lo público"?

En cuanto a la ya derrocada Unión del Pueblo Navarro, que no se despistó un segundo para no dejar sin conciertos (por lo que pudiera pasar) a los centros concertados tras las elecciones, mis preguntas son: ¿es legítimo renovar esos conciertos a un mes de las elecciones? No hablo de legal, sino de legítimo, de ético. Y una pregunta más, para todos ellos, gobierno y oposición: ¿se han planteado unos y otros qué deben hacer como representantes públicos respecto a la convivencia (o no) de estas dos redes y a su gestión, sin tener en cuenta cómo valorarían sus votantes, afiliados y simpatizantes su postura (sin que la condicionen) sino lo que es mejor y más justo? ¿Serán capaces de tomar una decisión valiente y razonada al respecto? No lo creo. Seguiremos alimentando la polémica para, mientras nos entretenemos con esto, no pensar en otras cosas. Y así ellos tendrán motivos para enzarzarse en el Parlamento y en los medios. The show must go on.


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