De tintas verdes y contrarreformas (IV). Todos contra la LOMCE.

Cada vez que me llega una propuesta de adhesión a comunicados, changespuntooerregés o manifestaciones contra la LOMCE me ocurre lo mismo: comparto únicamente el desacuerdo con la ley. El 95% de los motivos alegados por mareas verdes, sindicatos y plataformas anti-wert me resultan inasumibles. Y claro, termino por no suscribir comunicados ni participar en manifestaciones.

La penúltima oportunidad de hacer frente común contra la pérfida lomce la he tenido al recibir un texto, propuesto por CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos), consensuado, parece ser, con distintos grupos parlamentarios y sindicatos entre el 30 de mayo y el 13 de junio: Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Catalán, Grupo Izquierda Plural, Grupo Parlamentario Aasco, Grupo ERC, Grupo CC-Nueva Canaria, Grupo Compromis, Grupo GEROABAI, FETE-UGT, CCOO, STES y la propia CEAPA. En el Parlamento de Navarra secundan el texto I-E, BILDU, PSN y GEROA BAI.

Comento a continuación las 10 razones para rechazar la Ley Wert que plantean los firmantes del manifiesto (el contenido del comunicado, siempre en cursiva):

1. Incapacidad del Gobierno para buscar consenso en materia de educación que pueda dar estabilidad a nuestro sistema educativo, despreciando a la comunidad educativa y a los interlocutores sociales y políticos con los que nunca se contó salvo para pedir su adhesión al proyecto de ley.

Compartiendo la acusación de falta de consenso, creo necesario aclarar que esto no supone ninguna novedad. Los dos grandes partidos siempre han utilizado políticamente la educación y nunca han demostrado la más mínima intención de consenso. Ni unos ni otros. Por lo tanto, en esta situación no tiene mayor responsabilidad el Partido Popular que el Partido Socialista, firmante de este comunicado.

2. Instrumentaliza las legítimas aspiraciones de mejora del sistema educativo para imponer una contrarreforma segregadora e intervencionista, que resulta inútil para resolver los problemas reales de la educación.

La LOMCE no va a ser más “inútil para resolver los problemas reales de la educación” que la LOGSE o la LOE (de hecho, sería casi imposible pergeñar una ley más nociva que las citadas). Solo comparto el calificativo de “segregadora” en lo que respecta al vergonzoso amparo legal que ofrece a la segregación por sexos en centros privados-concertados, aspecto este que no parece importar a los firmantes de este texto. Por lo demás, entiendo que segregar, lo que se dice, segregar, se segrega a quien se esfuerza y no ve recompensado su empeño. Esta es la auténtica segregación: la marginación del esfuerzo.

3. Carece de memoria económica creíble y suficiente y deja a una dudosa financiación europea la cobertura de los créditos que genera la reforma.

De acuerdo, pero no entiendo que, considerando que la reforma es tan perversa, quienes así la consideran se lamenten de la ausencia de memoria económica.

4. Conculca el principio de igualdad de oportunidades al producir segregación temprana, permitir la publicación de rankings y favorecer la exclusión del alumnado con dificultades.

Precisamente uno de los pocos aciertos de la LOMCE es el adelantamiento de los itinerarios. Uno de los errores más graves de todos estos años ha sido confundir la igualdad de oportunidades con la igualdad de resultados y capacidades. La primera condición para que un sistema educativo funcione es partir de la realidad. Y esta indica que todos los alumnos son diferentes en cuanto a capacidades, intereses y motivaciones y que no se puede obligar a alcanzar ciertos niveles académicos a quien no puede o no quiere alcanzarlos si no es rebajando el nivel general de exigencia con las consecuencias que todos conocemos. Por otra parte, no comparto ese rechazo ante la hipotética publicación de los resultados académicos. Si se hace con rigor y de forma no sesgada, no encuentro inconveniente.

5. Promueve un sistema de reválidas con efectos punitivos en vez de formativos, que alienta la desconfianza hacia el profesorado y limita la formación integral del alumnado.

Otro de los pocos aciertos de la LOMCE es el establecimiento de pruebas externas. Aunque está por ver quién y cómo las realiza, cuestionar la validez de una prueba como sistema de comprobación de la adquisición de conocimientos responde a un punto de vista tontaina de la enseñanza con el que no puedo comulgar. Lo que realmente “alienta la desconfianza del profesorado” es que los resultados académicos sean lamentables,  no que se hagan públicos. Es inconcebible que quienes piden la retirada de estas pruebas (a las que llaman “reválidas” para poder tildarlas de “franquistas” en un alarde de imaginación) no lo hagan por una posible falta de exigencia u objetividad sino por “punitivas” y porque, según un criterio francamente surrealista, “limitan la formación integral del alumnado”.

6. Devalúa el sistema de FP, necesitado de impulso y respaldo, y organiza una clasificación de asignaturas arbitraria, con una ordenación académica incongruente y antipedagógica que deja fuera del currículo importantes áreas formativas como la EpC y otras imprescindibles para la formación integral del alumnado.

Coincido en la valoración negativa respecto a la clasificación de las materias que establece la LOMCE (no en que esta devaluará la FP -más bien creo que la favorecerá-). Me parece especialmente penoso el maltrato a las Humanidades y en concreto a asignaturas como la Filosofía o la Música. En cuanto a EpC, soy contrario a la impartición de esta asignatura, como también lo soy (y lo he manifestado en ocasiones anteriores) a que la Religión, como materia doctrinal, esté incluida en la red pública.

7. Niega la diversidad lingüística de las CC.AA. con lengua propia y atenta contra el modelo de inmersión lingüística que garantiza el conocimiento del catalán y el castellano al finalizar la formación y que ha sido fundamental para la cohesión social y la convivencia lingüística en Cataluña.

Resulta más fácil, esto lo entiendo, quedarnos con las folclóricas declaraciones del inefable ministro sociólogo en las que amenazaba, como si estuviera en plena cruzada, de querer “españolizar a los alumnos catalanes”. Pero lo grave no es tanto el asunto lingüístico como el hecho de que, con esta excusa, se pagará con dinero público la escolarización en centros privados.

8. Impone la recentralización educativa al promover un cambio en la distribución de las competencias y otorga al gobierno del Estado el total control de ciertas áreas estructurales y una mayor capacidad para determinar el currículo y las nuevas reválidas.

En mi opinión, las comunidades autónomas tenían una excesiva autonomía en el diseño del currículo, así que no me parece mal que esto se modifique.

9. Limita la participación de la comunidad educativa al vaciar de competencias los consejos escolares y postula una autonomía de los centros intervencionistas respecto a las condiciones laborales de los trabajadores.

Sin ninguna duda, este es uno de los aspectos de mayor gravedad y que puede tener consecuencias más negativas en el funcionamiento de los centros y en el desarrollo de la labor docente. Ahora bien, que partidos como CIU o PSOE denuncien algo que aplican desde hace tiempo en sus respectivas comunidades autónomas y con mucha más dureza de lo que la LOMCE sugiere, es un tanto cínico.

10. Lesiona la acreditada equidad de nuestro sistema educativo público sin mejorar la calidad e instala un modelo educativo elitista, economicista e impropio de un Estado aconfesional.

En primer lugar, debo suponer que los firmantes del texto querían decir “igualdad” (según la RAE, principio que reconoce a todos los ciudadanos capacidad para los mismos derechos) en lugar de “equidad” (igualdad de ánimo; bondadosa templanza habitual; justicia natural); en segundo lugar, desconozco dónde han acreditado los firmantes de este texto la “equidad” (o igualdad) “de nuestro sistema educativo público”. Nuestro sistema educativo iguala únicamente en resultados, lo que no solo tira por tierra el principio de la igualdad real de oportunidades sino que, además, excluye a quien, mediante su esfuerzo, demuestra más méritos que los demás.

Por todo lo anterior, las organizaciones sociales y políticas firmantes exigen:

1. La retirada del Proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa.

2. La apertura de un proceso de negociación y diálogo real con el ministerio de Educación.

A modo de conclusión, estaría de acuerdo en la retirada de la LOMCE si esto implicara, no el mantenimiento del sistema vigente, sino la elaboración de una nueva ley que partiera de la experiencia de los profesores, que premiara el mérito y el esfuerzo y que permitiera a todo aquel que se lo mereciera una formación académica y humana de la máxima calidad. Como no es esto lo que se pide y no hay alternativa, me abstengo de cualquier campaña contra la LOMCE. Y cuantas más razones me dan, más me reafirmo en mi abstención. Dejo para otro día el impagable vídeo titulado LOMCE y Reválidas: Ley Wert a examen, en el que se escenifica la supuesta segregación de alumnos (en el vídeo, escogidos al azar y obligados a subir a un camión camino de algún Auschwitz  epistemológico).