El
caso de las dietas de la CAN ha llegado a su fin, enterrada la causa por el Tribunal
Supremo. Carpetazo al asunto. Los cuatro meses de trabajo concienzudo de la “juez Chacón navarra” han quedado en agua de borrajas (pero de borrajas de
Mediterránea de Catering, de las de caracol incorporado) por no encontrar el
Supremo motivos para la investigación de los indicios delictivos que veía la
Juez en la causa. Sí ve el Tribunal Supremo motivos, que no entra a valorar,
para el “reproche ético, moral y político”.
No
queda otra que aceptar que el Tribunal Supremo no ha considerado, como intuía
la titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Pamplona, que Barcina haya
cometido delito de cohecho impropio. Nada que objetar ante esto. Nadie debe ser
condenado si no está clara su culpabilidad y su responsabilidad penal. Ahora
bien, que los ciudadanos debamos soportar que los actos reprobables de nuestros
políticos, por el hecho de no encajar dentro del concepto “delito”, no deban
tener consecuencias de ningún tipo, eso ya es otra cosa.
Dice
Barcina que “se ha puesto de manifiesto la verdad”. Y es así. Todo lo que se le
ha achacado a la actual presidenta es cierto (ni siquiera ella, como el resto
de beneficiarios de las dietas de la CAN se han molestado en negarlo sino más
bien en acudir al manido -y ofensivo- “esto se ha hecho toda la vida”). Esta es
la verdad, constituya delito o no.
Barcina
se jacta de que la decisión del Supremo “pone de manifiesto” su “honradez”.
Falso. La honradez de Barcina ha quedado desacreditada por sus actos.
Barcina
se siente “desprestigiada” pero quien se ha desprestigiado es nuestro sistema
democrático.
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