jueves, 28 de noviembre de 2013

Elogio de la equidistancia (V). ¿Profesores proetarras?


Hay ocasiones en que uno no solo no se siente incómodo en la equidistancia sino que incluso le resulta fácil y reconfortante instalarse en ella.

Primero medios locales, más tarde nacionales, se han hecho eco de un supuesto informe de la Benemérita que alertaría de la pretensión de la izquierda abertzale de “controlar la educación” y “legitimar los asesinatos de ETA”. Estamos en España, así que cualquiera puede imaginar el tratamiento que se ha dado al tema en función de los “principios” (nótense las comillas) de cada medio. Desafortunados todos, casi sin excepción, los ha habido escorados, atrincherados e incluso guerracivilescos, amén de folclóricos y extravagantes. Veamos:

Barcina, Presidenta del Gobierno de Navarra, ve “sangrante” que “los batasunos se infiltren en los colegios navarros" y sugiere "cambiar el estatuto de la función pública para evitar este tipo de situaciones".  El diario El Mundo titula a cuatro columnas y en portada: “ETA se infiltra en la escuela navarra”. ABC lo hace de la siguiente forma: “Uno de cada cuatro docentes públicos navarros tiene vínculos proetarras”. En una de las entradillas de un programa de Intereconomía podemos leer: “los etarras navarros estudian en un colegio público”. “El 27% de los profesores navarros es proetarra”, se afirma en Libertad Digital.

Como era de esperar, el sindicato LAB y la izquierda abertzale han hablado de una "sucia campaña de intoxicación y desinformación iniciada por la ultraderecha" y han sacado a relucir a Franco y el “odio al euskera”.

No tengo claro si vale la pena insistir en que ningún ciudadano puede ser privado de sus derechos salvo por sentencia judicial (esto, en relación con la idea de Barcina de modificar el estatuto de la función pública en el sentido apuntado -lo que, más que una propuesta,  parece una manera de arengar a sus huestes-). Tampoco estoy seguro de la conveniencia de manifestar que dos años de cárcel por un tartazo me parecen una pena desproporcionada. Sobre lo que no tengo ninguna duda es sobre la obligatoriedad de defender que cualquier adoctrinamiento (insisto, cualquiera) debe ser excluido de la enseñanza pública y para ello la administración tiene sus medios. Huelga decir que quien cometa un delito contemplado en el código penal, sea docente, empresario o futbolista del Madrid, debe pagar por ello. Y quien ya lo haya hecho, seguir ejerciendo la profesión que sea que ejerza.  Todo lo demás es carnaza socio-política. Solo espero que sea verdad aquello que afirmaba el historiador Enrique Moradiellos de que durante la Guerra Civil no había dos sino tres Españas: la revolucionaria, la contrarrevolucionaria y la democrática. Yo, desde luego, quiero estar en la tercera. O si no, renuncio.

No hay comentarios:

Publicar un comentario