Hay ocasiones en
que uno no solo no se siente incómodo en la equidistancia sino que incluso le
resulta fácil y reconfortante instalarse en ella.
Primero medios locales, más tarde nacionales, se han hecho
eco de un supuesto informe de la
Benemérita que alertaría de la
pretensión de la izquierda abertzale de “controlar la educación” y “legitimar
los asesinatos de ETA”. Estamos en España, así que cualquiera puede imaginar el
tratamiento que se ha dado al tema en función de los “principios” (nótense las
comillas) de cada medio. Desafortunados todos, casi sin excepción, los ha
habido escorados, atrincherados e incluso guerracivilescos, amén de folclóricos
y extravagantes. Veamos:
Barcina,
Presidenta del Gobierno de Navarra, ve “sangrante” que “los batasunos se infiltren
en los colegios navarros" y sugiere "cambiar el estatuto de la función
pública para evitar este tipo de situaciones". El diario El Mundo titula a cuatro columnas y
en portada: “ETA se infiltra en la escuela navarra”. ABC lo hace de la siguiente
forma: “Uno de cada cuatro docentes públicos navarros tiene vínculos proetarras”.
En
una de las entradillas de un programa de Intereconomía podemos leer: “los
etarras navarros estudian en un colegio público”. “El 27% de los profesores navarros
es proetarra”, se afirma en Libertad Digital.
Como era de
esperar, el sindicato LAB y la izquierda abertzale han hablado de una "sucia
campaña de intoxicación y desinformación iniciada por la ultraderecha" y han sacado a relucir a Franco y el “odio al
euskera”.
No tengo claro si vale la pena insistir en que ningún
ciudadano puede ser privado de sus derechos salvo por sentencia judicial (esto,
en relación con la idea de Barcina de modificar el estatuto de la función pública
en el sentido apuntado -lo que, más que una propuesta, parece una manera de arengar a sus huestes-).
Tampoco estoy seguro de la conveniencia de manifestar que dos años de cárcel
por un tartazo
me parecen una pena desproporcionada. Sobre lo que no tengo ninguna duda es
sobre la obligatoriedad de defender que cualquier adoctrinamiento (insisto,
cualquiera) debe ser excluido de la enseñanza pública y para ello la
administración tiene sus medios. Huelga decir que quien cometa un delito
contemplado en el código penal, sea docente, empresario o futbolista del
Madrid, debe pagar por ello. Y quien ya lo haya hecho, seguir ejerciendo la
profesión que sea que ejerza. Todo lo
demás es carnaza socio-política. Solo espero que sea verdad aquello que afirmaba el historiador Enrique Moradiellos
de que durante la Guerra
Civil no había dos sino tres Españas: la revolucionaria, la contrarrevolucionaria
y la democrática. Yo, desde luego, quiero estar en la tercera. O si no, renuncio.
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