Cuando parecía que el culebrón de las dietas había
llegado a su fin, descubrimos que la cosa va todavía para largo. La tenaz Juez
Benito se ha visto obligada, debido a la decisión del Supremo, a aparcar la vía
del cohecho impropio, lo que no significa que dé por zanjado el asunto. Al
menos, no a día de hoy.
Quedan pendientes otros posibles delitos, como los
créditos favorables a miembros de los órganos de dirección y familiares, la sospecha
de prevaricación de miembros del Gobierno de Navarra ante la falta de
inspección de la entidad o las aclaraciones sobre el informe pericial de la Guardia Civil relativo
a los archivos electrónicos de las actas de la Permanente, en el que se
constata que 12 de los 16 documentos fueron modificados con posterioridad, dos
de ellos después haberse presentado las denuncias en el juzgado. Sobre las consecuencias
políticas del cobro de las dobles o triples sesiones sin contenido alguno,
mejor no hablamos para no llevarnos un mal rato porque “consecuencia” y “política”
son términos incompatibles en nuestro país.
Pero detengámonos un
momento en la presunta modificación de las actas. Según el abogado de Miguel
Sanz, el señor Eduardo Ruiz de Erenchun, "el
soporte informático tiene el valor que tiene y el hecho de que haya
modificaciones es perfectísimamente legal". En estos tiempos
barcenianos que nos está tocando vivir, no extraña (y es triste) que alguien
defienda la poca validez del soporte informático, pero las argumentaciones del
abogado de Sanz no dejan de abochornar. “Cada vez que se modifica una coma o
una tilde en un archivo de Word”, dice el letrado, “se modifica la fecha”.
En fin,
que nos toman por idiotas.
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