Pública o concertada. Muß es sein? Cuestión de prioridades.

Como cualquier otro asunto, suele ser aconsejable tratar la controversia educación pública-educación concertada desde el desapasionamiento y afrontándolo desde la mayor racionalidad de que seamos capaces. Conviene también dejar a un lado la ideología para evitar que nuestra postura quede supeditada a aquella. Que uno considere que los servicios públicos son esenciales en toda democracia avanzada no debe ser impedimento para admitir que, en función de las circunstancias, se ha de ser flexible en las convicciones y admitir situaciones excepcionales. Una de estas situaciones excepcionales fue la necesidad de concertar determinados centros privados, pues así lo requería el exceso de matrícula que los centros públicos, en su día, no podían absorber. La red concertada nació pues como subsidiaria de la pública en un contexto en el que parecía razonable que el erario público se dedicara a cubrir parte de su presupuesto para cumplir con el objetivo de “universalizar la educación”.

Ahora bien, aceptar lo anterior no significa que uno tenga que comulgar con ruedas de molino. En un momento de crisis como este, con durísimos recortes en los servicios públicos, graves carencias en infraestructuras y serios problemas derivados (no todos) de la falta de recursos, no parece que con la tan manoseada “libertad de elección de centro” se nos pueda convencer de que esto es así porque “así debe ser”, como aquel Muß es sein  del último cuarteto de Beethoven del que Kundera se hizo eco en “La insoportable levedad del ser”, o sea, porque el Destino así lo ha querido. ¿De verdad tiene que ser así? Yo creo que no, sobre todo porque la libertad de elección de centro no está en cuestión. En todo caso, deberíamos hablar de “libertad de subvención”. Cualquier padre y cualquier madre pueden matricular a sus hijos en un centro público o privado, en el primero de forma totalmente gratuita. Pero nadie, insisto, nadie les impide hacerlo donde consideren. Eso es libertad. Lo otro es pretender que a una familia que, legítimamente, opta por la enseñanza privada, se le financie en su elección. Nada reprocho, quiero dejarlo bien claro, a quien prefiere un centro privado a uno público por el motivo que fuere: laicidad o religiosidad, perfil del profesorado, cercanía, resultados académicos... Lo que no encuentro sensato es que se exija, apelando a la libertad, que se le pague. Más doloroso resulta comprobar cómo el Consejero de Educación del Gobierno de Navarra da la sensación de defender con más ahínco la red concertada que la pública, por supuesto enarbolando también la bandera de la libertad. Y más inaceptable aún que se empeñe en condicionar el voto de los ciudadanos advirtiendo de lo que otros harían en contra de la concertada a la que él tanto ampara, sobre todo porque él mismo se ha permitido endilgar a la fuerza sus píldoras plurilingües para evitar el avance de la matriculación en el modelo D (su Presidenta lo reconoció públicamente). Motivación política se llama eso. Y no difiere del “si no ganamos las elecciones vosotros no trabajáis en la Junta” de la entonces delegada de Empleo de la Junta de Andalucía en Jaén, Irene Sabalete, que esta lanzó a un grupo de trabajadores de la Administración andaluza durante una reunión celebrada un mes antes de los comicios autonómicos con directores de las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico y que ha circulado estos días por las redes sociales. Ya ven que en todas partes cuecen habas, lo cual no resta importancia a la cuestión, desde luego. Y la cuestión no tiene que ver tanto con la conveniencia o no de disponer de una red de centros concertados como de establecer prioridades en la gestión política de los servicios públicos. Sin entrar a valorar lo que otros partidos, si llegaran al Gobierno, querrían decidir en materia educativa, lo que pido a nuestros dirigentes, a estos o a los que los sustituyan en unos meses, es que tengan claras las prioridades y valoren si es prudente, ya no digo mantener el gasto público en la red concertada, sino al menos conservar en ella un gasto tan elevado (los recientes 459 millones de euros para la renovación de conciertos educativos en Primaria, ESO y FP y los 107,5 millones en  Infantil y Bachillerato, del año pasado), pese a los continuos recortes en la pública. 

Como digo, se trata de establecer prioridades. Y esto debe hacerse en todos los ámbitos: ¿es más importante fomentar que nuestros alumnos aprendan a amar el conocimiento, que se despierte en ellos la curiosidad por saber, que desarrollen la sensibilidad artística, que se cultiven cultural, humanística y científicamente o que canten el himno deNavarra, aprendan a emprender y estudien Religión? ¿es mejor robustecer la red pública y que la concertada sea, tal y como fue concebida, auxiliar, o dejar que la educación pública se apague mientras la privada, con ayuda de nuestros impuestos, se robustece al tiempo que segrega por sexos o acoge un número menor de inmigrantes? Una pregunta más: cuando se defiende la concertación, ¿se hace en busca de un equilibrio entre redes o con el fin de proporcionar a una de ellas cierta exclusividad social? Porque, en mi opinión, toda administración educativa debe corregir los desequilibrios en lugar de incentivarlos, evitar la fractura social y garantizar la igualdad de oportunidades y la posibilidad de que cualquiera, en base a su esfuerzo y su formación, pueda ascender socialmente y progresar.  Este y no otro debe ser el objetivo de la enseñanza pública. Y esta es la gran responsabilidad de nuestros gobernantes. Ojalá lo tengan claro.