Derecho a aprender y derecho a enseñar

La advertencia de la Asociación de Profesores de Secundaria sobre la necesidad de proteger al profesor en su importante labor ha devuelto a la primera línea de actualidad la situación de indefensión en que se encuentran más docentes de los que se piensa. Parece que todos los grupos parlamentarios están dispuestos a abordar la cuestión. Sin embargo, soy tan escéptico en esta cuestión como cuando oigo hablar de consenso y pacto educativo. Por tres motivos:

El primero, que no tengo nada claro que todos entiendan correctamente el significado de la palabra "autoridad". Basta leer cómo la portavoz de Podemos en Navarra la confundía con "autoritarismo" (y no es la primera persona que lo hace).

El segundo motivo es que temo que no estemos dándole a este tema la importancia que merece. Recientemente, un alto cargo del Departamento decía que las agresiones son "pocas" y que ni son "constantes" ni "continuadas". Con acierto, el periodista le replicaba que "un solo caso ya parece demasiado", a lo que asentía el Director General, pero insistiendo en que no creía que hubiera "un gran problema por debajo". Nadie diría que los casos de violencia de género son "pocos" o que no son "constantes" ni "continuados". Y no tengo ninguna duda de que al Director General le parece inadmisible que se agreda a un docente. Pero sus palabras reflejan la poca trascendencia que se le da a que un profesor sufra este tipo de situaciones, como si entraran en el sueldo, como si debieran ser admitidas como gajes del oficio, como si el hecho de no ser "muchos" casos (no sé si treinta y nueve avisos este curso, a los que habría que sumar las agresiones que no han sido comunicadas, pueden considerarse "pocos" o "muchos") restara gravedad a lo que está ocurriendo.

La tercera causa de mi desconfianza es que tampoco estoy seguro de que seamos conscientes de las distintas tipologías de boicot a la tarea del docente que se producen dentro de un aula. Cuando un alumno acosa o agrede a un profesor está atentando contra su dignidad personal. Pero, sin llegar a estos extremos, un alumno puede dificultar, por medios menos estridentes, que un profesional desarrolle con normalidad su trabajo. Y esto supone no solo impedir su derecho al ejercicio de la docencia sino el derecho del resto de los alumnos a aprender.

Podemos debatir sobre las causas sociológicas del deterioro de la conducta de nuestros alumnos o sobre cómo ponerle remedio. Pero será una discusión estéril si no entendemos que la solución no pasa (o no solo) por medidas "preventivas" como las anunciadas por el Consejero de Educación ("mediación" y "comisiones y cursos de convivencia") sino por garantizar que los actos de cada cual tendrán sus consecuencias, unas consecuencias que, como expuso con lucidez el Catedrático Tomás Yerro hace pocas fechas en Diario de Navarra, han de ser "ejemplarizantes por su prontitud" y "proporcionales a su naturaleza". Mucho se habla de la educación emocional y las habilidades sociales, pero poco de aquellos valores tan esenciales en la formación humana de nuestros alumnos como es la responsabilidad individual. Y no es posible transmitir estos valores si eliminamos las consecuencias que se derivan de la libertad de cada cual para tomar decisiones y actuar. Tampoco si pretendemos encontrar la solución a los problemas desde lo estético y lo políticamente correcto.