Mérito docente. Obras son amores o el día de la marmota.

Todo el mundo conoce el dicho "Obras son amores y no buenas razones", un refrán popular que sirvió de título a Lope de Vega para una de sus comedias y que trata de exponer algo así como que, en materia amorosa, mejor dar pruebas a la persona amada del amor que se le profesa que repetirlo sin demostrarlo. La frase se emplea también cuando alguien habla mucho pero no cumple después con lo declarado. Así que encaja de maravilla con las bienintencionadas manifestaciones de nuestros gestores educativos.

En la enseñanza, oficio en el que el profesor de secundaria no tiene carrera profesional ni visos de promoción (mientras no se digne la administración a convocar cátedras, que es casi lo único a lo que podemos aspirar), es habitual escuchar y leer apoyos políticos (testimoniales) al docente que casi nunca van acompañados de decisiones que demuestren que de verdad se nos valora. Y no me refiero a la restitución de la mensualidad que "voló", al aumento de carga lectiva sin incremento salarial (o sea, a la baja de sueldo) o a la eliminación de jefaturas de departamento, que también, sino a la estimación de los méritos que un profesor va acumulando a lo largo de su trayectoria laboral.

Como cada año antes de que se publique la convocatoria de concurso de traslados, escribo el artículo de rigor, lamentándome de un baremo hecho a medida, no del profesor, sino del cargo directivo o del administrativo, un baremo que, para colmo, está muy lejos de ser transparente. Su modificación, por más que haya quien lo niegue, es perfectamente posible (y más este año que el concurso es autonómico), pues el Real Decreto 1364/2010 establece solo los topes generales en la valoración de cada apartado, mas no la distribución de las puntuaciones máximas dentro de estos apartados. Tampoco dice nada sobre cómo deben acreditarse los méritos para su reconocimiento, quedando esto, también, a expensas de su concreción por la de las comunidades autónomas. Revisarlo o no es, por lo tanto, una decisión política.

Pues bien, este año escribo mi tradicional queja un mes antes de que se convoquen traslados, confiando en que el nuevo Consejero de Educación tras el cambio de Gobierno sea, por fin, receptivo (risas). Estoy seguro de que alguien que ha cursado Magisterio, dos licenciaturas (en Ciencias Eclesiásticas y Filología Hispánica) y estudios de Doctorado (En Geografía e Historia), y que incluso participó en el programa de TVE "Saber y ganar", donde consiguió convertirse en uno de los seis "magníficos" de ese año, estará de acuerdo conmigo en que esta reivindicación es razonable y justa. Trataré de resumirla en solo tres puntos:

1º. El baremo desprecia los méritos académicos y docentes y sobreestima los que tienen que ver con el desempeño de cargos directivos o administrativos en el Departamento. Así, un profesor podría permanecer diez años ocupando un cargo de libre designación y alcanzar la puntuación máxima sin necesidad de acreditar ni un sólo mérito académico o docente.

2º.- No existe ningún control de la "calidad" y seriedad de los cursos que se justifican como formación.  Por si esto fuera poco, los criterios de las comisiones de valoración no son públicos, luego son desconocidos por los concursantes, que presentan la documentación con las mismas posibilidades de acertar con la puntuación que quien echa la quiniela.

3º.- Para evidenciar cómo entiende la Administración el concepto "mérito", lean: se conceden 15 puntos por servicios prestados en jefaturas, asesorías o Inspección, mientras se limita a 8 los que se pueden obtener por publicaciones; se asignan otros 15  puntos por servicios prestados en jefaturas, asesorías o Inspección, cuando son solo 2,5 los que se pueden lograr por premios de ámbito autonómico, nacional o internacional, por premios en exposiciones, concursos o certámenes de ámbito autonómico, nacional o internacional, composiciones o coreografías estrenadas como autor, grabaciones con depósito legal, conciertos, exposiciones individuales o colectivas… en fin, una desproporción sonrojante a la que hay que sumar exigencias tan absurdas como la necesidad de presentar físicamente todas las publicaciones, junto con un certificado de la editorial (debería bastar con este pedir solo una de las dos cosas) o la negativa a establecer unos criterios de valoración transparentes, definidos y públicos.

Un funcionario adquiere su condición en base a los principios de transparencia, mérito y capacidad, los cuales deben regir todo procedimiento relativo a la función pública. Y estos baremos son absolutamente contrarios. Pero no solo deben reformarse por respeto a estos principios sino, por encima de todo, por respeto a quien ha decidido dedicar su esfuerzo, conocimientos y capacidad a una profesión volcada a la sociedad y que, como todo trabajador, necesita sentirse reconocido, respaldado y estimulado.

Hala. Ya lo he dicho. Otra vez. 

¡Arriba, profesores! ¡Hoy es el día de la marmota! Preparaos porque vuestros méritos no valen para nada mientras sean académicos o profesionales. ¿Dónde creíais que estábais, en una sociedad meritocrática?