Uno se esfuerza por creer en la política. En primer lugar, porque
está convencido de que un ciudadano debe preocuparse por los asuntos públicos
en lugar de delegar (o eludir toda responsabilidad) en quienes nos representan,
al menos oficialmente. En segundo, porque todavía confío en que nuestros
actuales líderes políticos no son "lo mejor de cada casa" sino los
que mejor han sabido hacerse un hueco y promocionar (o en el mejor de los casos los que estaban en el momento preciso y en el lugar preciso), luego debe haberlos
mejores que los que vemos, leemos y escuchamos. Pero no lo ponen fácil, esa es
la verdad.
El nuevo Consejero de Educación de Navarra compareció el
otro día en el Parlamento foral para trazar las "líneas
maestras" de su departamento para la presente legislatura. Los dos
principales periódicos de la comunidad han publicado algunas de sus reflexiones
y las reacciones del resto de partidos del arco parlamentario. La conclusión
que saco del análisis de las diferentes intervenciones es que, cambie o no
cambie el Gobierno, mejore o no mejore la gestión (tiempo habrá para
valorarlo), las ideas, los posicionamientos y las argumentaciones de todos los
partidos (sin excepción) siguen siendo decepcionantemente pobres y condicionadas
por lo que sus respectivas clientelas esperan de ellos.
El Consejero, perteneciente (lo aclaro para los lectores foráneos)
a un Gobierno conformado por Geroa Bai, EH-Bildu, Izquierda-Ezquerra y Podemos,
nos está dando, en cuanto a manifestaciones públicas, una de cal y una de
arena. En mi opinión, se ha mostrado sensato al abordar la polémica de los
programas bilingües, sobre los que ha asegurado no haber encontrado "ni un sólo informe que muestre
la validez de estos programas para la consecución de sus objetivos
pedagógicos" y acerca de los cuales ha denunciado que "se está
experimentando" con los alumnos "sin los controles necesarios ni
evaluaciones, sin una previsión de futuro, sin una estrategia ni un plan que
prevea posibles efectos curriculares o pedagógicos"[1].
Tampoco se pueda objetar nada a su intención (habrá que esperar para comprobar
si pasa de ahí) de volver a una jornada lectiva y ratio más razonables o a conceder
el cobro del verano para los docentes interinos. Pero estos asuntos no dejan de
ser de puro sentido común. Lo sé, lo sé, bastante es. Lo que ocurre es que
cuando llega un nuevo Gobierno y promete cambio y regeneración, uno, aunque no haya sido capaz de votar a nadie, no puede evitar venirse un poco arriba y
exigir algo más: una mayor ambición, profundidad en los planteamientos, propósito real
de reforma... Y de esto, más bien poco. Los políticos educativos siguen siendo
más políticos que educativos. El Consejero, un docente, ya está ejerciendo a
imagen y semejanza de sus colegas (de sus colegas políticos, quiero decir),
nadando y guardando la ropa, alardeando de defender lo público pero creando
al mismo tiempo una mesa de trabajo con la Federación Navarra de Ikastolas (todas privadas)
para establecer "un sistema de colaboración en la
enseñanza en euskera de las dos redes, pública y privada", por poner un
ejemplo. Otro ejemplo es la prioridad establecida (publicada ya en el BON, qué
rápida es cuando quiere la administración) para otorgar ayudas de transporte a
familias que quieren escolarizar a sus hijos en centros de modelo D (euskera)
de otras localidades. En definitiva, al Consejero se le nota demasiado, no sé
si su ideología, pero sí la del Gobierno que lo ha nombrado. Y eso no es bueno.
Sin embargo, mucho más alarmante es examinar las
reacciones de los grupos parlamentarios tras la comparecencia de Consejero. Es
en estas reacciones en las que encuentro mayores motivos de inquietud, pues
comprobamos que los políticos se deben a su público y a su partido y no a la
misión que se les ha encomendado. Veamos.
Desde UPN se pidió que se apostara por implantar "Magisterio
en inglés" (¡cómo no!), se acusó al Consejero de
"intervencionista" y se defendió con pasión la red concertada.
El portavoz del PSN afirmó que "los movimientos educativos
más progresistas ya le han dicho" al Consejero "lo que está mal del
PAI" y exigió la no paralización de los programas bilingües y su
evaluación mientras estos continúan desarrollándose (algo complicado a mi
entender).
Geroa Bai alabó al Gobierno (o sea, a su partido) porque por fin
se "va a poder elegir en qué lengua se quiere estudiar".
Para el PPN, la sagrada "libertad de elección de centro
de los padres" está en peligro.
I-E reclamó "dar la vuelta a todo el sistema educativo
navarro en lo organizativo" (¡!).
Y dejo para el final a Podemos, que puso la nota folclórica, como
ya empieza a ser habitual, pidiendo "educar en valores" (frescura
pedagógica la de Podemos), recuperar "el plan para la igualdad y
prevención de violencia de género", la relación de "informes de
impacto de género, para que los chicos y chicas no hagan cosas diferentes a la
hora de tomar decisiones" y una "comisión de coeducación" y
"corresponsalías de igualdad en todos los centros”.
Ahora imaginen que no les he dicho quién dijo qué. Estoy
seguro de que no habrían andado desencaminados a la hora de acertar qué
partidos defendieron a la concertada, cuál se erigió en representante (único)
del progreso, quién se vanaglorió de gestión lingüísticamente plural, para
quién el problema de la educación es "organizativo" y qué
organización reivindicó la igualdad de género y demandó "corresponsalías
de igualdad". Con estos
mimbres, ¿qué podemos construir? Vuelvo al comienzo: sobran eslóganes. Y faltan
ideas y convicciones.
[1] Me parece interesante la afirmación del Consejero sobre la ausencia de informes que justifiquen la puesta en marcha de los programas bilingües. Y me lo parece porque pienso que este debería ser siempre el punto de partida para cualquier nuevo programa, para toda innovación pedagógica que se quisiera instaurar (también para su Gobierno, que tiene entre sus acuerdos de programa "fomentar el plurilingüismo partiendo del conocimiento de las dos lenguas propias de Navarra" y apostar "por la inmersión lingüística y la extensión de la enseñanza en euskera"): primero, un análisis de la situación y detección de problemas y necesidades; segundo, una propuesta de mejora concreta y elaborada con el aval de sus resultados en otros centros o situaciones; tercero, un razonamiento sobre los objetivos y procedimientos; cuarto, un análisis de las posibilidades de ensayo, en función de las circunstancias y capacitación del profesorado y previsiones de éxito; quinto: implantación del programa.
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