El "cambio político y social" (así lo llaman)
vivido en estas tierras forales no parece haber modificado en exceso el debate
educativo. Seguimos con las mismas polémicas de siempre: euskera,
público-privado, recortes...
Sobre esto último, repetiré lo que he dicho en otras
ocasiones: ni los recortes son, como algunos (muchos) aseguran, LA CAUSA del
declive educativo ni, como otros intentan defender, son inocuos y/o inexistentes.
Digamos que debilitan al paciente y agravan sus síntomas, pero no han provocado
la enfermedad. Y, por otra parte, estos recortes son uno más de los sensibles
gestos de una clase política que solo de boquilla tiene en cuenta a los
docentes. Y solo para que le sirvamos de carnaza de cara a la contienda
electoral.
En relación con la controversia entre red pública y red privada,
no voy a entrar a valorar si los centros que segregan en función del sexo
consiguen mejores resultados académicos que los que no, pues desconozco los
datos. Tampoco me preguntaré si cuando se habla de "libre elección de centro" no se querrá decir "libre y subvencionada elección de centro". Ni siquiera
diré si me parece bien o mal que se subvencione a los centros del Opus Dei (bueno,
sobre esto prefiero que no haya dudas: me parece mal). Lo cierto es que, equivocado
o no, defiendo los servicios públicos por pura convicción y considero que la red pública debe ser el eje
del sistema. Si la concertada debe ser subvencionada o no y de qué forma o
mediante el cumplimiento de qué requisitos, es algo sobre lo que quizás en otro momento me
extienda. Lo que ahora quiero denunciar es, una vez más, el uso político de la educación, reflejado en continuas contradicciones y ambigüedades,
en brindis al sol y rasgamientos de vestiduras, en aparentes (pero solo aparentes) desacuerdos ideológicos. Veamos.
El gobierno anterior, oliéndose el fin de su mandato, renovó
los conciertos a los dos centros privados mencionados para la siguiente
legislatura, durante la que, presumiblemente, no iba a seguir gobernando, es
decir, hasta el curso 2020-2021 (según etapas educativas). El 25 de marzo, dos
meses antes de las elecciones que, en efecto, se saldaron con un cambio de
gobierno, UPN, partido que entonces gestionaba la comunidad foral, aprobaba un
gasto de 459 millones de euros para renovar los conciertos de los 65 centros
que forman la red privada-concertada en Navarra, a los que hay que sumar los
107,5 millones que ya había destinado el curso pasado para financiar les
Infantil y Bachillerato.
Por su parte, los partidos que han constituido el nuevo ejecutivo
(Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra) aprobaron en su Acuerdo
de Gobierno su "posición política clara de aplicar la Ley Foral 17/2012"
que impide la concertación a los centros que segregan por sexo. Pero, puesto
que la LOMCE blinda los conciertos a este tipo de centros (que en Navarra son
Miravalles-El Redín e Irabia-Izaga, ambos pertenecientes al Opus Dei), ¿qué
capacidad puede tener la Ley Foral 17/2012, aprobada en esta comunidad por
parte de los partidos de la oposición y que impide concertar centros que
segregan por sexo, para cambiar esta situación?
Aquí dejo algunas preguntas más:
¿Desconocían los integrantes del nuevo gobierno que
existe una nueva ley educativa que "blinda" los conciertos a este
tipo de centros? ¿sabían cuando afirmaban ser contrarios a la segregación y defender "lo público" que el anterior gobierno había renovado los
convenios para los siguientes cuatro años? ¿eran conscientes de que una ley orgánica (la
LOMCE) tiene mayor rango legal que una ley foral (la 17/2012) y que la primera, en su artículo 84.3, señala que “no constituye discriminación la
admisión de alumnos y alumnas o la organización de la enseñanza diferenciadas
por sexos” y añade que esta elección en ningún caso podrá implicar “un trato
menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos con las
Administraciones"? ¿Cuál es entonces el motivo de manifestar una "posición política clara" para la aplicación de algo tan difícil de aplicar? La propia presidenta, Uxue Barkos, reconocía ayer mismo que
no sabe si se podrá poner acudir a la ley foral mientras esté vigente la
LOMCE. Una última pregunta, no directamente relacionada con la segregación
pero sí con la educación privada: la "inequívoca apuesta por lo
público" de este gobierno, ¿cómo se concilia con la subvención y
"trato especial" (Presidenta Barkos dixit) a las ikastolas (todas
ellas privadas)? ¿No deberíamos hablar más bien de "moderada apuesta por
lo público" o de "selectiva
En cuanto a la ya derrocada Unión del Pueblo Navarro, que no se despistó un
segundo para no dejar sin conciertos (por lo que pudiera pasar) a los centros concertados
tras las elecciones, mis preguntas son: ¿es legítimo renovar esos conciertos
a un mes de las elecciones? No hablo de legal, sino de legítimo, de
ético. Y una pregunta más, para todos ellos, gobierno y oposición: ¿se han planteado unos y otros qué deben hacer como
representantes públicos respecto a la convivencia (o no) de estas dos redes y a su gestión,
sin tener en cuenta cómo valorarían sus votantes, afiliados y simpatizantes su postura (sin que la condicionen) sino lo que es mejor y más justo?
¿Serán capaces de tomar una decisión valiente y razonada al respecto? No
lo creo. Seguiremos alimentando la polémica para, mientras nos entretenemos con
esto, no pensar en otras cosas. Y así ellos tendrán motivos para enzarzarse en
el Parlamento y en los medios. The show must go on.
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