Es más que evidente que la crisis exige medidas de ajuste y no seré yo quien discuta la necesidad de "racionalizar el gasto" o mejorar la "eficiencia en la gestión", pero oigan, es que entre el anterior Gobierno (el que negaba la crisis y hablaba de brotes verdes) y este (que pretende convencernos de que somos los ciudadanos quienes hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y ahora nos toca pagar los platos rotos), unos y otros parecen tomarnos por idiotas. Soy consciente, como digo, de la difícil situación económica que atravesamos y reconozco la necesidad (en realidad la obligación) de las administraciones públicas de rentabilizar al máximo sus recursos, prescindiendo de todo aquello que resulte superfluo. Ahora bien, ni la racionalización del gasto ni la mejora de la eficiencia en la gestión deberían suponer perjuicio alguno para la calidad de servicios públicos como la educación ni menoscabo de los derechos de los profesores.
No somos pocos los profesores que venimos reclamando reformas profundas en nuestro sistema educativo, cambios necesarios que permitan alcanzar una enseñanza pública de calidad. Pero reformas y recortes no son lo mismo, y lo que necesita la enseñanza pública es una revisión a fondo de su sistema y no medidas de ajuste en aspectos tan fundamentales como la ratio (aumentarla y pretender una educación individualizada es una contradicción inexplicable).
Es una realidad que los profesores de la enseñanza pública ostentamos el dudoso honor de ser maltratados, sin ningún remilgo, por gobiernos de izquierdas y de derechas. Esperemos no tener que recurrir, cuando hablemos de la enseñanza pública, al conocido refrán entre todos la mataron y ella sola se murió porque los resultados de la aplicación de la LOGSE socialista son de sobra conocidos: comprensividad, promoción automática (verdadera antítesis del mérito académico), rebaja de los contenidos... Haber confundido, en aras de un mal entendido progresismo, la igualdad de oportunidades con la uniformidad de capacidades, motivaciones o intereses; haber creído que el derecho universal a la educación se defiende obligando a que todos los alumnos reciban los mismos contenidos (atentando de esta forma contra los derechos individuales y limitando la legítima aspiración de cada ciudadano a promocionar socialmente); o haber rechazado la búsqueda de la excelencia por ser "poco igualitaria", cuando nada hay más clasista y retrógrado que pretender igualar en la mediocridad, son errores que todavía hoy estamos pagando.
Pero ya digo que toda la culpa no es del PSOE. Para conseguir privilegios y para maltratar a la educación pública, los partidos políticos siempre se ponen de acuerdo. Gobiernos autonómicos de uno y otro signo han asumido los postulados de la psicopedagogía y militancia logsiana con tanto o más fervor que los propios psicopedagogos y autores de la misma, llevando a nuestro sistema educativo a una desorientación alarmante. El Gobierno del PP, que prometió reformas, se está quedando en hacedor de ñapas, al pensar (poco han pensado, me temo) que la solución a los problemas de la educación pública pasan por el aumento de la ratio y de las horas lectivas, con el argumento ciertamente peregrino de que "no existen estudios serios que aseguren que una ratio menor supondría una mejor calidad de la enseñanza". Sugiero, entonces, que reflexionen sobre si el elevadísimo número de diputados y parlamentarios (por no hablar de senadores) es acorde con la calidad de la acción política. Porque si se trata de ahorrar, desde luego hay otras fórmulas: eliminación del Senado, supresión de diputaciones, reducción del número de diputados, unión de ayuntamientos pequeños, eliminación de jefaturas, asesorías y altos cargos, rebaja del presupuesto asignado a la familia real (es indignante que haya sido de un 2% cuando se ha reducido en un 21,2% el presupuesto para Educación), disminución del sueldo de los políticos, cese de las subvenciones a sindicatos para formación o VPO, eliminación de los conciertos educativos, disminución del número de liberados sindicales de manera que solamente puedan otorgarse liberaciones cuando se deriven de los votos obtenidos en las elecciones sindicales y no de acuerdos con la Administración, supresión de los programas de calidad en los institutos, eliminación de las evaluaciones externas, etcétera. Pero no parece que los políticos o sus asesores entiendan el ahorro de esta misma manera. Y lo preocupante es que, al final, no somos los profesores, sino nuestros alumnos y, por lo tanto, la propia sociedad, la que pagará las consecuencias.
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